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El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, además de la Síndica Procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa, y los 14 regidores que integran el cabildo municipal fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002047/2020, los denunciantes argumentan que el Ayuntamiento de Tijuana, así como cualquier otra instancia de índole local no tiene competencia para establecer reglamentaciones en materia de hidrocarburos.
La denuncia fue presentada por la empresa Blue Propane por presunta invasión de atribuciones que son facultad exclusiva de la Federación.
Tijuana en disputa por hidrocarburos
El pasado 28 de julio, el municipio aprobó un reglamento donde se prohíbe la libre competencia en las actividades propias del sector hidrocarburos.
Sin embargo, de acuerdo con los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo séptimo, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los petrolíferos e hidrocarburos son materia exclusiva de la Federación.
Mientras que el artículo 73, fracción X, indica que solo el Congreso de la Unión está facultado para legislar en materia de hidrocarburos.
“Lo que se está creando son disposiciones de carácter anticompetitivo que generan ventajas exclusivas a favor de los agentes ya establecidos y garantizan zonas de influencia en perjuicio de los consumidores, limitando sus alternativas de consumo, de ahí que la injerencia de las autoridades municipales sea constitutiva de un delito”, señaló el Allán Jaramillo, representante legal de Blue Propane.
“En el caso que nos ocupa es la misma autoridad la que violenta el Estado de Derecho, atenta contra certidumbre jurídica y actúa en contra de sus gobernados”.
Se incluye un antecedente de invasión de facultades, pues en noviembre de 2016, cuando el cabildo era presidido por el priista Jorge Astiazarán Orcí, prohibió de manera indefinida la expedición de autorizaciones en materia de usos de suelo que implicarán la expedición y operatividad de estaciones de carburación de gas LP en la ciudad de Tijuana.
Ambos acuerdos, según se destaca en la denuncia presentada ante la FGR, Delegación Baja California, se oponen a la obligación del Estado de fomentar y vigilar un adecuado suministro de energéticos en el territorio nacional, tal como lo prevé el artículo 122 de la Ley de Hidrocarburos y la propia Constitución.
“Lo que la autoridad municipal pretende es continuar estableciendo acciones que disminuyan el porcentaje de participación en el mercado local, generando una sobre regulación que impida equilibrar las condiciones del mercado”.
“Continuaremos la lucha para ofrecer gas de calidad y a mejor precio, rompiendo así con el monopolio que Grupo Tomza, Zeta Gas, Baja Gas y Gas Silza, todas propiedad de la familia Zaragoza y que se han mantenido durante décadas, bajo la protección de las autoridades municipales y estatales que impiden la libre competencia”, enfatizó Allán Jaramillo
Continuarán en la lucha por gas de calidad
El representante legal de la empresa, que busca romper el monopolio de gas en Baja California, agregó:
“Lo que la autoridad municipal pretende es continuar estableciendo acciones que disminuyan el porcentaje de participación en el mercado local, generando una sobreregulación que impida equilibrar las condiciones del mercado”.
La denuncia incluye a los regidores Edelmira Chamery Méndez, Germán Gabriel Zambrano Salgado, Josué Octavio Gutiérrez Márquez, Luis Antonio Quezada, Claudia Casas Valdés, César Adrián González García, Mónica JVega Aguirre, Yolanda García Bañuelos, Diana Cecilia Rosa Velázquez, Miguel Martín Medrano Valero, Edna Mireya Pérez Corona, Armando Aragón Romero, Arnulfo Guerrero León, y José Refugio Cañada García.
El abogado asegura que Blue Propane continuará en su lucha para ofrecer en Tijuana gas de calidad y a mejor precio.
Rompiendo así con el monopolio que el Grupo Tomza, Zeta Gas, Baja Gas y Gas Silza, todas propiedades de la familia Zaragoza y que se han mantenido durante décadas en la entidad fronteriza, bajo la protección de las autoridades municipales y estatales que impiden la libre competencia.
