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Se acabó la ‘verdad histórica’ en caso Ayotzinapa: Gertz Manero

A casi seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio por terminada la llamada ‘verdad histórica’ en la que se determinaba que los jóvenes fueron secuestrados por integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y posteriormente quemados en el basurero de Cocula.

El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que hay 46 nuevas solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de presuntos involucrados en el caso de la desaparición de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

“Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados, ni judicializados, en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República” , declaró Gertz.

Lo nuevos cargos se presentan incluso contra funcionarios en el entonces gobierno del municipio de Iguala Guerrero, quienes pudieron haber cooperado en el crimen contra los estudiante de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Dijo que los restos humanos hallados durante las diligencias de la administración a su cargo ya han sido enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para su identificación forense, y se espera que en breve se informen los resultados de los análisis.

“Se han enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck, que fueron encontrados durante esta nueva administración y nueva investigación; sobre los cuales se esperan resultados de inmediato (…) Se acabó la verdad histórica”, señaló.

Con esta última frase, Gertz contrarió la máxima del ex Procurador Jesús Murillo Karam, quien llamó «verdad histórica» a la conclusión preliminar que apuntaba a que los normalistas habían sido víctimas de la organización criminal Guerreros Unidos y, por lo menos algunos de ellos, habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

Estas solicitudes de captura se suman a las que fueron libradas el pasado 10 de marzo contra otros exservidores públicos que intervinieron en las indagatorias del Caso Iguala, como Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal.

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