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Organizaciones ambientalistas coincidieron que la política en materia de generación de energía eléctrica publicada por la Secretaría de Energía (Sener), acelera el cambio climático.
Ademas, va en contra de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por México en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y cierra el paso a las energías renovables, ofreciendo como alternativa la quema inaceptable de combustóleo para generar electricidad.
Representantes de varias organizaciones recordaron que México asumió el compromiso internacional, que luego convirtió en ley, de generar 35% de su electricidad a partir de fuentes renovables para el 2024.
Sin embargo con la Política recién publicada y el Acuerdo que se emitió el 29 de abril en la misma línea, esta meta se ve imposible de alcanzar, porque se privilegian energías fósiles para producir electricidad y se le cierra el paso a las renovables, con el pretexto de que son inestables.
Puntualizaron que la política climática del actual gobierno tiene implicaciones severas en varios aspectos.
«En el medio ambiente, podemos augurar que no vamos a cumplir las metas climáticas de llegar a cero emisiones en 2050. Además, quemar combustóleo, como se propone, tendrá serios impactos en la salud de las personas, sobre todo en quienes viven en áreas colindantes a las termoeléctricas y en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, así como otras cuencas densamente pobladas «, señalaron.
Por último, aunque no menos importante, aseguraron, se cuentan implicaciones económicas ya que generar electricidad con combustóleo es más caro que con energía eólica o fotovoltáica.
«Es preocupante no solo el estancamiento de las energías renovables, sino el retroceso en cuanto al uso de combustibles descontinuados y prohibidos en el mundo como el combustóleo; estas decisiones tendrán implicaciones muy graves en términos de salud, ambientales y económicos, debido a la ineficiencia y alto costo en los procesos de generación. No podemos seguir quemando combustóleo para generar electricidad y cerrando la puerta a alternativas renovables que deben enmarcarse dentro del respeto a los derechos humanos», advirtió Pablo Ramírez, Especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México.
Las organizaciones coincidieron en que esta nueva política contiene muchos defectos en los aspectos ambiental, social, económico, de salud y legal, por lo que no se descarta combatirla ante tribunales.
