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Proponen sancionar con hasta 7.5 años de prisión los pinchazos en el transporte público

La diputada local del PRI Tania Larios propuso tipificar por oficio los pinchazos en el transporte público y sancionarlos con hasta 7.5 años de prisión.

La legisladora presentó una iniciativa para modificar el Código Penal local y crear el tipo penal de ’Sumisión química por pinchazo’ para sancionar a quien introduzca, sin consentimiento de la otra persona, un instrumento con punta aguzada en un tejido, órgano o cavidad del cuerpo humano con la intención de drogarla, debilitarla y facilitar la comisión de otros delitos en su contra.

Quien caiga en esta conducta sería castigado con una pena de seis meses a cinco años de prisión, las cuales se incrementarán a la mitad cuando la víctima sea una mujer o pertenezca a grupos vulnerables, y cuando este ilícito se cometa a bordo de un vehículo particular o el transporte público, como el Metro o Metrobús.

Recordó que la Fiscalía capitalina ya inició carpetas de investigación por pinchazos en el Metro, Metrobús y hasta en el Pumabús. Asimismo, destacó que la falta de tipificación específica para este delito deja en indefensión a la ciudadanía, pues se obstaculiza su sanción efectiva.

“Tipificar este delito permitirá a las autoridades contar con un marco jurídico claro para investigar y sancionar a las y los agresores, y fortalecerá las estrategias de prevención y protegerá de manera directa a las víctimas”, sostuvo desde tribuna.   

La legisladora refirió que el fenómeno del needle spiking o sumisión química por pinchazo representa una expresión contemporánea de la violencia de género, ya que afecta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes, quienes son agredidas en espacios públicos o recreativos mediante la inyección no consentida de sustancias químicas, generalmente con el propósito de debilitarlas, someterlas o facilitar la comisión de otros delitos, como violencia sexual o robos.

Pinchazos atentan contra las mujeres

Esta práctica se inscribe en un patrón estructural de violencia contra las mujeres, donde se perpetúan relaciones de poder que buscan controlar, vulnerar o anular su autonomía sobre el propio cuerpo.

Detalló que el needle spiking no puede entenderse únicamente como una agresión física o delito contra la salud, sino también como una forma de violencia simbólica y sexual, dado que la administración de una sustancia sin consentimiento invade profundamente la esfera de la integridad personal y la libertad sexual. 

Además, refuerza un clima de miedo y control social que limita la participación de las mujeres en espacios públicos y de entretenimiento, reproduciendo dinámicas de exclusión y autocensura.

“Este fenómeno, por tanto, debe abordarse con perspectiva de género, a efecto de que se reconozcan las condiciones de desigualdad, discriminación y riesgo diferenciado que enfrentan las mujeres. Además, el impacto psicológico en las víctimas es considerable, ya que muchas desarrollan síntomas de ansiedad, miedo, estrés postraumático y aislamiento social, agravando los efectos de la violencia y dificultando su recuperación emocional”, aseveró Tania Larios.

Con información de El Universal

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