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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, en una acusación formal que se hizo pública el miércoles en Nueva York en la que se los señala de haber colaborado en el envío masivo de estupefacientes ilícitos a Estados Unidos.
Los cargos se dieron a conocer en un comunicado de prensa emitido por las autoridades federales. Ninguno de los acusados se encontraba detenido.
Las autoridades afirmaron que los acusados han desempeñado un papel fundamental a la hora de ayudar al Cartel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. El Cartel de Sinaloa es uno de los ocho grupos delictivos latinoamericanos designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos.
El fiscal federal Jay Clayton calificó al Cártel de Sinaloa como “una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.
Añadió que el cártel y otras organizaciones de narcotráfico “no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos”.
La acusación “pone de manifiesto un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en peligro la vida de los estadounidenses”, afirmó Terrance Cole, director de la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés). Los funcionarios acusados “aprovecharon sus cargos de confianza para proteger las operaciones de los cárteles, facilitando así el tráfico de drogas letales hacia nuestro país”.
Nos hay pruebas, dice la SRE
Tras el anuncio del proceso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo en un comunicado que la tarde del martes había recibido solicitudes de extradición de diversas personas de parte de Estados Unidos, pero no ofreció detalles.
La cancillería indicó que de acuerdo con la ley vigente sobre extradición se envió la información a la Fiscalía General de la República (FGR) para que evalúe las solicitudes.
Detalló que la documentación recibida por parte de la embajada de Estados Unidos, que ya fue revisada por la cancillería, “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
La SRE informó que enviará a la embajada estadounidense una nota de “extrañamiento” debido a que “en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información”.
Rubén Rocha rechaza acusaciones
Rocha Moya, de 76 años, rechazó de forma categórica las imputaciones en su contra y dijo, en su cuenta de X, que “carecen de veracidad y fundamento alguno”. Agregó que “así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”.
El gobernador, que fue un firme aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y de su política de no confrontación directa con los cárteles de la droga, sostuvo que el ataque no es sólo contra su persona sino contra la Cuarta Transformación y sus liderazgos, y se inscribe en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional” y la soberanía de México.
La Embajada de Estados Unidos en México expresó en un comunicado que tomó nota de los cargos penales contra el gobernador y otras personas, e indicó que aunque no se pueden pronunciar sobre los hechos imputados, aclaró que “la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción” estadounidense.
“Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad”, refiere el comunicado que difundió en su cuenta de X el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, en el que se ratificó el compromiso por “una relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida, y el Estado de derecho”.
La FGR informó que iniciará una investigación, y recalcó que la solicitud de extradición llegó sin ninguna prueba. Asimismo, criticó que no se haya habido confidencialidad en este caso.
Con información de AP
