El asertivo Información
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La crisis de vivienda en la Ciudad de México es real. Negarla sería cerrar los ojos frente a miles de jóvenes, personas trabajadoras y familias que destinan buena parte de sus ingresos al pago de una renta o que son desplazadas hacia la periferia porque ya no pueden vivir cerca de sus empleos, escuelas y comunidades.
Hablo desde mi experiencia en la lucha social, no desde la comodidad de un escritorio. Desde la Asamblea de Barrios (grupo Miguel Hidalgo) he acompañado a quienes trabajan todos los días pero cuyos ingresos no les permiten acceder a un techo digno. Durante años he defendido esta causa frente a distintos gobiernos, sin importar su color partidista, incluso cuando se ha tratado de administraciones emanadas de la misma izquierda de la que provengo.
Por eso no evado la autocrítica. Después de décadas de gobiernos progresistas, debemos reconocer que la política habitacional no ha sido suficiente. Regular los aumentos de las rentas puede proteger a quienes cuentan con un contrato vigente, pero no resolverá por sí solo la escasez de oferta asequible. Se necesita recuperar suelo público, fortalecer a la Secretaría de Vivienda y construir vivienda social suficiente, bien ubicada y con servicios garantizados.
También debemos reconocer los pasos positivos del actual Gobierno de la Ciudad de México. El Programa de Vivienda Pública en Renta -con una meta anunciada de 20 mil viviendas durante esta administración-, las 200 mil acciones de construcción, rehabilitación y mejoramiento previstas hacia 2030, los créditos accesibles de la Secretaría de Vivienda y los nuevos subsidios de renta para jóvenes representan un cambio de orientación que debe respaldarse.
Son medidas importantes porque recuperan una premisa fundamental: el Estado no puede limitarse a observar cómo el mercado decide quién tiene derecho a habitar la ciudad. Sin embargo, las promesas deberán convertirse en viviendas terminadas, contratos accesibles y soluciones verificables. Reconocer los avances jamás significará renunciar a exigir transparencia, presupuesto suficiente y resultados concretos.
Una discusión seria sobre este tema tampoco admite cifras utilizadas sin rigor. El Índice de Precios de la Sociedad Hipotecaria Federal mide operaciones de compraventa de inmuebles adquiridos mediante créditos hipotecarios, no el precio promedio de los alquileres. Tampoco pueden presentarse como hechos consumados aquellas cifras sobre desplazamiento o incrementos generales de rentas que omiten su fuente y metodología.
La oposición pretende responsabilizar exclusivamente a los gobiernos de izquierda, pero guarda un silencio cómplice frente al saqueo inmobiliario ocurrido en los territorios donde ha gobernado. En Benito Juárez, la Fiscalía capitalina investiga una red de construcciones irregulares vinculada a servidores públicos, con un saldo de 21 personas detenidas y cuatro inmuebles asegurados hasta agosto de 2026.
Este fenómeno no nos es ajeno en Miguel Hidalgo. El lente de la especulación está puesto sobre colonias como Granada y Ampliación Granada, donde la compra agresiva de predios busca convertir viviendas tradicionales en grandes conjuntos habitacionales privados que aceleran la gentrificación y saturan los servicios. La corrupción inmobiliaria encarece el suelo, desplaza a las familias de sus barrios históricos y transforma la comunidad en mercancía. No se puede denunciar la gentrificación mientras se defiende un modelo urbano volcado al libre mercado, ni se puede hablar de legalidad ignorando pisos excedentes y permisos irregulares.
Sin embargo, señalar estas contradicciones no justifica las fallas propias. La izquierda pierde su razón de ser cuando administra la desigualdad en lugar de combatirla. Nuestra obligación es recuperar la política de vivienda como una verdadera herramienta de justicia social: debemos ampliar la vivienda pública en renta, crear reservas territoriales, fortalecer a las cooperativas y organizaciones sociales, otorgar créditos sin fines de lucro, regular las plataformas de hospedaje temporal y sancionar con firmeza tanto a desarrolladores como a funcionarios involucrados en construcciones ilegales.
A lo largo de los años he recibido críticas por acompañar a quienes menos tienen y por insistir en que el techo no es una mercancía. Esa lucha no comenzó con un cargo público ni terminará cuando concluya una responsabilidad institucional; es una convicción construida en las calles, en las colonias y junto a la organización popular.
Mi compromiso no depende del gobierno en turno. Está con la gente que trabaja, paga impuestos y tiene derecho a permanecer en su comunidad. Cuando un gobierno avanza, hay que reconocerlo; cuando se equivoca o resulta insuficiente, hay que señalarlo. La congruencia consiste precisamente en no guardar silencio frente a ningún poder.
La vivienda social no es una concesión gubernamental, una bandera electoral ni un nicho de negocio: es un derecho conquistado tras décadas de organización comunitaria. La Ciudad de México no necesita una competencia para repartir culpas, sino decisiones firmes para que habitarla deje de ser un privilegio. Desde la lucha social seguiré defendiendo esa causa, gobierne quien gobierne, porque la transformación urbana aún tiene deudas pendientes y esta lucha no se detiene.
