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El Congreso de la CDMX aprobó un dictamen para perseguir por oficio, es decir, sin necesidad de denuncia, los pinchazos en la calle, el transporte público o en los espectáculos públicos.
El dictamen avalado por 60 votos a favor y tres en contra, que recoge la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la materia e incluye observaciones del PRI, PAN y el PVEM, detalla que se impondrán una pena de dos a cinco años de prisión y de 50 a 300 días multa, a quien, sin el consentimiento de una persona, le administre, introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia, de manera subrepticia, oculta o mediante engaño.
Esta conducta podrá realizarse por cualquier vía, incluyendo oral, intravenosa, intramuscular, dérmica o subcutánea, mediante el uso de bebidas (las famosas goteras), alimentos, objetos punzocortantes, inyecciones, agujas o cualquier otro medio, señala el dictamen.
Esta pena se incrementará a la mitad, esto es, hasta 7.5 años de prisión, cuando estos pinchazos ocurran en el transporte público, en eventos masivos, cuando tenga como finalidad facilitar la comisión de otros delitos, cuando la sustancia administrada sea psicoactiva, narcótica, psicotrópica o tóxica, y cuando la victima sea niño, niña o adolescente, mujer, o persona con algún tipo de discapacidad, o sea una persona mayor.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, dijo que la falta de tipificación para los pinchazos limita la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar de manera efectiva estas conductas.
“En consecuencia, es indispensable contar con un tipo penal específico, a fin de robustecer la protección jurídica para las víctimas de los pinchazos y orientar las acciones de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia. Este tipo penal busca proteger de manera efectiva la autonomía corporal y la libertad de las personas, sancionando el acto de vulneración a la integridad de las personas, independientemente de la finalidad perseguida”, indicó.
Al razonar su voto, la también morenista Yuriri Ayala dijo que con esta aprobación se manda un mensaje claro y contundente: ningún tipo de violencia será minimizado a ignorado en esta Ciudad. “Hoy esta soberanía se convierte en una aliada de las víctimas y constructora de justica”.
Ningún tipo de violencia será minimizado
La diputada panista Olivia Garza recordó que su partido fue el primero en hablar de este tema, pero fueron ignorados y tachados de alarmistas, por lo que se congratuló de que el oficialismo haya aceptado la realidad y haya puesto a la ciudadanía por encina del partidismo.
Su compañera de bancada, Frida Guillén, dijo que la aprobación de este dictamen es un avance, pero se quedó corto ya que le faltó incluir los pinchazos y el goteo que también ocurren en el transporte privado tipo Uber y Didi.
Jesús Sesma, del PVEM, agradeció que se haya incluido en este dictamen su iniciativa para sancionar a las y los famosos ‘goteros’, es decir a quienes utilizan las bebidas para drogar a sus víctimas. En este sentido, Elizabeth Mateos, subrayó que esta reforma cubre un vacío que no había sido atendido en mucho tiempo, el de las ‘goteras’.
Los tres diputados de Movimiento Ciudadano votaron en contra de este dictamen al asegurar que el punitivismo no es la solución, pues no ha disminuido la comisión de otros delitos como el quebrantamiento de sellos o el robo de autopartes, por lo que se deben mejorar los protocolos de actuación en el Metro y aumentar las cámaras de vigilancia.
“En la bancada naranja rechazamos la presente reforma ya que no atiende el problema de fondo, y, por el contrario, adoptamos por alternativas más competentes y por un enfoque más integral”, dijo Luisa Ledesma.
Tania Larios, del PRI, presumió que se pueden hacer muy buenas cosas en beneficio de la Ciudad cuando se antepone el bien común y no los colores partidistas.
Con información de El Universal
