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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ha recibido 18 denuncias por la emisión de falsas amenazas de bomba en diversas instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Según el organismo, ya existen avances significativos en las investigaciones, incluyendo la identificación de probables responsables, quienes han sido citados a declarar.
La fiscalía afirmó que el asunto se está tratando con plena seriedad y en coordinación con las autoridades universitarias.
¿Cuál es el castigo para quien emita amenazas falsas de bomba?
En cuanto al marco legal, de acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, quienes generen amenazas de explosivos pueden enfrentar una pena de uno a tres años de prisión.
No obstante, las autoridades también evalúan si puede configurarse algún otro delito adicional.
Diversos medios coinciden en que al menos dos personas han sido identificadas como posibles responsables de difundir esas amenazas a través de plataformas digitales.
Citan a declarar a responsables de amenazas
La UNAM ha señalado que dichas personas ya han sido citadas a rendir declaración, como parte del proceso legal correspondiente.
Conforme a reportes, además de esos 18 casos, algunas fuentes indican que podrían existir hasta 19 investigaciones abiertas sobre amenazas a distintos planteles universitarios.
Estas discrepancias podrían deberse a denuncias recientes o múltiples diligencias relacionadas al mismo episodio.
Para las instituciones afectadas, cada amenaza —aunque falsa— implica activar protocolos de seguridad, desalojos parciales y revisión de instalaciones, lo que genera interrupciones en la actividad académica y sensación de inseguridad entre estudiantes y personal.
La UNAM ha hecho un llamado para no difundir rumores o mensajes no verificados que generen pánico innecesario.
La FGJCDMX informó que su personal ministerial, pericial, de la Policía de Investigación (PDI) y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana colaboran para rastrear cuentas desde las que se emitieron las amenazas, así como para el análisis técnico de los mensajes.
En suma, las investigaciones están activas y orientadas a asegurar que haya responsables y sanciones conforme a la ley.
