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Empresarios del ramo energético denunciaron que desde diciembre pasado son extorsionados por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el argumento que se realizan “operativos ordenados por la nueva fiscal Ernestina Godoy”.
Detallaron que los agentes se acercan a los puntos de venta de Gas Licuado de Petróleo (LP), establecidas de manera legal, así como a las gasolineras ubicadas en los municipios de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero y, con el pretexto de que “les falta la documentación necesaria”, les exigen cuotas que van desde los 100 a 200 mil pesos mensuales.
Estos hechos se han documentado por las víctimas, por lo que exigen la intervención inmediata de la fiscal Ernestina Godoy como de la gobernadora Delfina Gómez, pues el acoso de los agentes de la FGR ha incrementado de manera considerable en estos primeros días del año, “lo que hemos documentado es un modus operandi sistematizado que lo están aplicando en todos los gasolineras y gaseras”.
“Nosotros tenemos todo en regla: los permisos de la Secretaría de Energía, la documentación en regla de Protección Civil del Estado y los permisos municipales. Los renovamos cada que lo piden, generamos empleo, sorteamos a la delincuencia organizada, a los robos y por si fuera poco, generamos empleos, pero aún así ahora los mimos policías son los que nos quieren joder”, expuso Raúl Garza, encargado de una gasolinera afectada en Atizapán.
Los afectados explican que dichos ‘operativos’ se realizan los fines de semana. Los oficiales llegan argumentando que buscan revisar si en los establecimientos se vende gasolina o gas robada producto del llamado ‘Huachicol’; sin embargo no presenten la documentación que corresponde, luego de eso y con cualquier pretexto, amagan con clausurar el lugar.
Gaseros denuncian ‘operativos’ para extorsionar
Si bien los empresarios están conscientes que la FGR está facultada para investigar el robo de hidrocarburos, saben que este modus operandi no corresponde a la institución, pues con frecuencia los revisan.
“Sabemos cuales son los operativos reales y cuáles no y estos aunque los agentes sí son de la corporación, no están destinados para esto. Nos dicen que van a abrir una carpeta de investigación y mientras se hace la diligencia clausuran y todos están coludidos porque en minutos llega un MP con la orden de un juez y mientras son peras o manzanas, los negocios los cierran hasta por un año”, comentó Arturo Martínez, encargado de una gasolinera que también fue visitada por los agentes.
Y añadió: “Y ahí es cuando comienza la extorsión, dejan un número de celular donde hay que comunicarse y ahí nos dicen que para agilizar las cosas, levantar los sellos y que no molesten más, pues hay que darles el dinero que piden. Queremos que esto pare de una vez, estamos empezando el año y si la fiscal Godoy o la gobernadora Defina no hacen algo, así nos van a tener bajo extorsión todo el tiempo”.
La FGR ya tiene conocimiento de estas extorsiones por lo que ya se abrió un expediente en Asuntos Internos. Ahí aparecen como los responsables de estos actos ilícitos un policía ministerial que se identifica como José Eduardo Acosta, según él, representa al comandante Fernando Pérez de la Subdelegación de la FGR en Naucalpan.
En los operativos se observan llegar alrededor de 10 agentes armados en camionetas pick up blancas con siglas de la FGR.
