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Esténtor Político
La pandemia desnudó la verdad y abrió heridas en la desigual que difícilmente podrán sanar; el acceso a la salud se ha vuelto un privilegio y carestía a la vez. Las oportunidades para salvar la vida son grandes cuando hay dinero de por medio, en el peor de los casos la pierdes por no acceder a un derecho elemental que todos los países del mundo debieran implementar. Lucrar con la salud complementa la jerarquía de omisión y solapa el delito.
El 28 de febrero de este año se confirmó el primer caso de COVID-19 en nuestro país, así lo dieron a conocer las autoridades de salud en la conferencia de prensa mañanera del presidente López obrador. Fue entonces como se designó al subsecretario Hugo López-Gatell como el científico a cargo de la pandemia en México.
Entre las acciones del Gobierno Federal se implementó la campaña de Sana Distancia, del 23 de mayo al 30 de junio, para evitar más contagios y muertes a causa del virus; sin embargo las acciones fueron contraproducentes. La implementación del modelo Centinela de monitoreo epidemiológico y la falta de pruebas llevó a superar el “escenario catastrófico” de 60 mil muertes el 22 de agosto; mismo que había pronosticado López-Gatell el pasado 4 de junio.
A partir del 31 de junio se declaró “la nueva normalidad” con casos y muertes al alza. Se implementó el uso de semáforos epidemiológicos por estados, que darían paso a la reapertura de actividades en los distintos sectores poblacionales y productivos. Para entonces la mayoría de estados se encontraban en rojo, con la excepción de Zacatecas.
Las contradicciones de la Secretaría de Salud y del presidente López Obrador para evitar concentraciones masivas, la insistencia a salir, el uso del cubrebocas y la falta de material e insumos médicos fueron factor importante de prevención, y que especialistas han calificado como una actitud irresponsable.
A 194 días de haber iniciado “la nueva normalidad”, en el país se han registrado, hasta el día viernes 11 de diciembre, 112 mil 326 muertes y un millón 217 mil 126 casos de COVID-19. Para la catástrofe, México designó 919 hospitales para atender pacientes con COVID-19, que hasta la fecha hay 131 unidades médicas que se reportan saturadas al 100%. Y 237 más al 70% de su ocupación, según datos del sistema de la Red IRAG de la Secretaría de Salud; lo que representa que uno de cada 4 hospitales esté por arriba del nivel de ocupación hospitalario recomendado por las autoridades sanitarias.
Entre los nosocomios, 49 hospitales que fueron destinados a pacientes críticos de cuidados intensivos no tienen ventiladores disponibles; concentrando el 53% de ellos en la CDMX, Estado de México, Durango y Nuevo León. Datos que asombran pero que esconden. Pues recientemente, diversas encuestas de prestigiados medios nacionales e internacionales han revelado que es más probable morir en el IMSS u hospitales INSABI que en uno del sector privado.
Pese a lo anterior, el país «avanza» hacia el semáforo verde, por decreto, aunque en muy pocos estados hayan retrocedido del semáforo rojo. Para el gobierno se le ha hecho muy fácil modificar las gráficas que diariamente, en el informe técnico epidemiológico, presenta Hugo López-Gatell; sin embargo, al interpretar los datos se vislumbran un panorama de terror y de desasosiego. En estos tiempos la suerte se vuelve más privilegio que la salud.
