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México concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otro país del mundo y registró un repunte significativo en los últimos meses, de acuerdo con la más reciente actualización del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED).
El informe, divulgado por la organización I(dh)eas, que agrupa a diversas organizaciones de desaparecidos, también advierte fallas estructurales graves en la búsqueda y protección de víctimas y sus familias.
Señala que el país acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026, el 38% del total global, y sólo en los cinco meses más recientes (septiembre de 2025 a febrero de 2026) sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total mundial del periodo.
Irak es el segundo país más señalado, con 669 casos.
Este incremento llevó a la organización a pedir que la ONU publique la versión completa del informe para transparentar las cifras y advertir sobre el deterioro de la situación. La ONG subrayó que el mecanismo, concebido como un recurso humanitario excepcional para localizar a personas desaparecidas de manera urgente, se ha vuelto “recurrente y estructural” en México.
Posible investigación internacional
Aunque el Comité reconoció que el Estado mexicano responde formalmente dentro de los plazos establecidos, señaló fallas continuas en la implementación.
Entre ellas, la ausencia de planes integrales de búsqueda, demoras en diligencias esenciales, como el análisis de videovigilancia y telefonía, investigaciones insuficientes de la posible participación de agentes estatales y una protección inadecuada para familiares y personas buscadoras.
El informe documenta incluso casos de represalias durante los procesos de búsqueda, como la desaparición de un padre que denunciaba la implicación de agentes de seguridad en la privación de libertad de su hijo en Guanajuato.
México rechaza informe de desapariciones
El Gobierno de México criticó la “falta de rigor jurídico” del reciente informe del Comité de la ONU contra las CED, al considerar que es “tendencioso y que omite los esfuerzos institucionales” en esta materia por parte de la actual administración de Claudia Sheinbaum.
Subrayó que el documento se centra sobre todo a hechos ocurridos desde el 2009 hasta el 2017, cuando gobernaban Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), de distinto color político que la actual administración, por lo que “omite considerar” las medidas tomadas por el Ejecutivo liderado por Sheinbaum.
“Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”, aseguraron la Cancillería y la Secretaría de Gobernación.
El Gobierno calificó la decisión del CED de “parcial y sesgada”, ya que, añade, en el propio informe se reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
Esta afirmación, apunta el Ejecutivo, refleja la situación actual del país, que a su juicio es “diferente a la de periodos anteriores”.
Con información de EFE
