El asertivo Información
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Durante décadas, en la Ciudad de México el trabajo de cuidados ha sido una carga silenciosa impuesta a las mujeres. No fue una elección, fue una omisión del Estado. Y justamente por eso hoy la izquierda tiene una definición clara: cuidar no es un asunto privado, es una responsabilidad pública.
El Sistema Público de Cuidados no es un programa accesorio, es una apuesta política. Es reconocer que el Estado debe intervenir para corregir desigualdades estructurales. No hacerlo, también es una decisión política.
En ese contexto, la Ciudad ha dado pasos importantes. Modelos como la Casa de las 3R en Coyoacán marcan una ruta: reconocer, reducir y redistribuir los cuidados. Pero esa visión no puede quedarse en el discurso ni en territorios selectivos. Tiene que traducirse en decisiones concretas en cada alcaldía.
Y es ahí donde aparece la contradicción.
En Miguel Hidalgo, gobernada por Mauricio Tabe, el discurso de derechos convive con prácticas que los limitan. El caso más claro es la Universidad de la Vida (UNIVI). Un espacio que debería ser un pilar de política social para personas mayores hoy opera con cuotas que, en los hechos, excluyen.
No se trata solo de un cobro. Se trata de una definición de gobierno: ¿los derechos se garantizan o se condicionan?
Recorrer la UNIVI no deja lugar a dudas. Para muchas personas mayores, ese espacio es su red de apoyo, su comunidad, su única alternativa frente al aislamiento. Cobrar por ello no es una medida administrativa, es una barrera política.
Por eso, la exigencia de gratuidad no es una ocurrencia, es una postura. Es colocar el bienestar por encima de la recaudación. Es decidir de qué lado se gobierna.
La recolección de firmas para llevar este tema al Concejo no solo busca respaldar un Punto de Acuerdo. Busca evidenciar una tensión más profunda: la distancia entre el modelo de ciudad que se presume y las decisiones que se toman a nivel local.
Porque mientras la Ciudad de México se posiciona como referente en políticas de cuidado, en Miguel Hidalgo se mantiene un esquema que contradice esa lógica.
Y sí, estas discusiones incomodan. Incomodan porque obligan a fijar postura. Porque ya no es suficiente hablar de derechos, hay que garantizarlos.
El derecho al cuidado y a una vejez digna no puede depender del ingreso. No puede ser selectivo ni condicionado. Si la política no sirve para eso, entonces ¿para qué sirve?
Hoy la discusión está abierta. Y en política, cuando se abre una discusión de derechos, no hay punto medio: o se amplían… o se restringen.
