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La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detectó el uso de dinero de procedencia ilícita para ganar licitaciones en el gobierno, principalmente en las áreas de seguridad, a través de empresas de Ricardo Azael Casanova.
Las autoridades detectaron el uso de recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, para poder cubrir las licitaciones que ganó el empresario, a través de 19 empresas ligadas.
La Fiscalía de Tamaulipas revisó contratos y movimientos financieros de empresas vinculadas con Azael Casanova y amplió las investigaciones en su contra por contratos públicos amañados y uso de recursos ilícitos.
Dichos contratos superaron los 350 millones de pesos. Las indagatorias abarcan operaciones con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas.
La carpeta 175/2026, a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, es por hechos de cohecho, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades.
La Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita solicitó los estados de cuenta de Casa Casve MX de 2023, 2024 y 2025, incluidas sus cuentas en dólares.
El análisis financiero busca determinar el origen y destino de los recursos, así como identificar transferencias hacia otras empresas o personas. La Fiscalía revisa también los movimientos entre compañías relacionadas con Ricardo Azael Casanova y el destino del dinero después de los depósitos.
Entre las empresas bajo revisión figuró Grupo ID REC, constituida el 24 de septiembre de 2022, siete días antes del inicio del actual gobierno estatal. Tres años después obtuvo contratos por 14 millones 660 mil 952 pesos para servicios de seguridad informática y antenas de internet satelital.
Casa Casve MX y Grupo ID REC participaron en un mismo procedimiento restringido. La primera presentó una propuesta por 4.9 millones de pesos y la segunda ofreció 4.2 millones, aunque ambas estaban relacionadas con Casanova Ramírez.
Las indagatorias también abarcan a Maniflosa, S.A. de C.V. La empresa recibió un contrato superior a 309 millones de pesos para equipamiento médico; 199 millones habrían sido pagados cuatro días después de la firma. Las autoridades revisan la documentación sobre la recepción de los equipos y las transferencias entre compañías.
Las investigaciones incluyen la actuación de funcionarios que solicitaron los servicios, prepararon invitaciones, evaluaron propuestas, autorizaron contratos, validaron entregas y liberaron pagos.
Las autoridades buscan reconstruir la ruta de los recursos y determinar si existen transferencias entre empresas y cuentas receptoras.
