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Dada la situación por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, casi 60 % de la población ocupada en México se encuentra n riesgo de perder el empleo y, por ende, su ingreso y seguridad social.
Abigaíl Rodríguez Nava, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) puntualizó que este 60 % también se encuentra en la informalidad laboral.
“Ante ese panorama, los gobiernos federal y locales han implementado diferentes estrategias para intentar revertir –en el corto plazo– la pérdida de empleos, por ejemplo otorgando créditos que ayuden a mantener abiertos algunos micronegocios”, explicó.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) instrumentó, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, apoyos financieros a algunas pequeñas empresas –incluso a particulares– para postergar el pago de créditos, con el propósito de y ayudar a que algunos negocios se mantuvieran abiertos y siguieran ofreciendo empleo.
“Existen otras propuestas tratando de imitar lo que se hace en otros países, como el salario básico universal y la idea de que los gobiernos debieran apoyar a las grandes empresas con el pago cuando menos de una parte del salario para evitar el despido de trabajadores”, detalló la académica del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco.
También se ha planteado postergar o disminuir de alguna manera las tasas impositivas que pagan las personas formales al gobierno, sobre todo a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
“Aunque en la práctica es muy complicado instrumentar estas últimas acciones dadas las condiciones generales macroeconómicas que vive México”.
La coordinadora de la Licenciatura en Economía detalló que de acuerdo con las carencias sociales que mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2018, 57 % de los mexicanos no contaba con acceso a seguridad social.
En tanto, 25 millones de personas –poco más de 20 % – padece carencias por falta de acceso a la alimentación y alrededor de 21 millones –poco más del 16 %– tiene rezago educativo.
“Esto nos permite afirmar que en México actualmente 52.4 millones de personas se encuentran en pobreza por ingreso y por carencias sociales, en tanto quienes están en situación de vulnerabilidad sólo por carencias sociales son 36.7 millones y 8.6 millones viven en situación de inseguridad por ingreso”.
Sin embargo, “estas cifras son excluyentes porque no contemplan a las personas en condiciones de vulnerabilidad dentro de los datos de pobreza en el país, que señalan que cerca de 90 millones de mexicanos están en una situación de pobreza o fragilidad y solamente 21.9 % es pobre ni vulnerable por ingreso o carencias sociales”.
“Necesitamos hacer una reflexión de qué estamos haciendo, qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, pues si bien hay muchos factores que están llevando a estas condiciones también hay que reconocer que la situación actual no se produjo solamente por la pandemia, sino que ya se venía arrastrando desde hace varios años”.
Para la Investigadora resulta cuestionable que a pesar de que el país lleva más de 20 años aplicando políticas públicas para erradicar la pobreza, esta no se ha reducido.
Por lo que es necesario hacer una revisión de cuáles son los programas sociales, a quienes están dirigidos y si realmente han tenido un impacto positivo.
O si más bien “sólo se trata de programas que están resolviendo la situación de inestabilidad y pobreza en el corto plazo”, concluyó.
