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La democracia en la Ciudad de México no se está jugando únicamente en las urnas, sino en algo mucho más cercano: la calle, la colonia, el presupuesto que debería decidir la gente. Ahí, donde en teoría manda el vecino, hoy también se libran disputas menos visibles, pero igual de determinantes.
Las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) y el Presupuesto Participativo, ese 4% del gasto de las alcaldías, tendrían que ser el instrumento más poderoso de democracia directa. Pero en demasiados casos, están dejando de ser una herramienta ciudadana para convertirse en un mecanismo de control político.
Hay que decirlo sin rodeos: en pocas colonias ese presupuesto se reparte como cuota, se infla en obras de bajo impacto o termina beneficiando a proveedores cercanos al poder. Año con año se repiten proyectos cosméticos, rehabilitaciones superficiales, luminarias sobrevaluadas, intervenciones que duran lo que tarda la foto, mientras los problemas de fondo siguen intactos.
Y lo más grave: se pierde la oportunidad de invertir en lo que realmente protege a la gente. Desde la Protección Civil lo vemos claro: muros de contención sin atender, redes de gas sin mantenimiento, zonas con riesgo hidráulico ignoradas. Es decir, lo urgente se posterga y lo visible se prioriza.
Rumbo a 2027, el riesgo crece. Las Copacos y sus recursos se han vuelto terreno de disputa para grupos políticos que buscan algo muy concreto: estructura territorial, lealtades y operación electoral. La ‘clientelización’ ya no es una sospecha, es una práctica que se normaliza cuando el presupuesto público se convierte en moneda de cambio.
Por eso la discusión no es menor: o tenemos ciudadanos organizados que deciden con información y autonomía, o terminamos con estructuras vecinales subordinadas a intereses partidistas. No hay punto medio.
El Plan General de Desarrollo 2025-2045 plantea una Ciudad que debe aprender a gestionar sus riesgos de manera comunitaria. Pero ese objetivo será pura simulación si el presupuesto participativo sigue utilizándose para lo inmediato y lo rentable políticamente, en lugar de lo necesario y lo estratégico.
El siguiente paso es claro: pasar de una participación decorativa a una participación que realmente pese. Que las Copaco no solo opinen, sino que vigilen, cuestionen y, si es necesario, frenen. Que cada peso tenga seguimiento y que cada decisión tenga justificación técnica, no política.
Porque si no corregimos el rumbo, lo que hoy se vende como democracia directa terminará siendo otra forma de captura del poder.
Como Concejal, mi responsabilidad es clara: empujar por reglas más transparentes, por procesos más vigilados y por el respeto absoluto a la autonomía vecinal. Pero la defensa real del presupuesto participativo no está en una oficina pública, sino en los propios vecinos.
Al final, la pregunta es sencilla: ¿ese 4% va a transformar colonias o va a seguir financiando lealtades? La respuesta, nos guste o no, ya empezó a construirse rumbo a 2027.
