El asertivo Información
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Entrar a un mercado público es entrar al corazón de la ciudad.
Es escuchar el pregón del marchante, reconocer el aroma del café recién molido, elegir personalmente la fruta de temporada y saludar por su nombre a quienes, con su trabajo cotidiano, han sostenido la economía barrial durante generaciones. También es ser testigo de tradiciones que sólo sobreviven en estos espacios comunitarios, como el silbido que recorre los pasillos cuando ocurre algún incidente o cuando los propios locatarios se alertan entre sí. Ningún supermercado puede sustituir ese tejido de confianza, identidad y comunidad que se construye en los pasillos de nuestros mercados.
Los mercados públicos no son únicamente centros de abasto. Son patrimonio cultural, motores económicos y espacios de cohesión social. En ellos convergen historia, tradición y sustento para miles de familias.
En la alcaldía Miguel Hidalgo contamos con verdaderos símbolos de nuestra vida comunitaria: el Mercado de Tacuba, con su enorme valor histórico y gastronómico; el Mercado de Cartagena ‘Ing. Gonzalo Peña Manterola’, referente del comercio popular y de la resistencia urbana; así como el Mercado Escandón y el Mercado Anáhuac, entre otros auténticos pilares de la economía local.
Sin embargo, hoy ese corazón comunitario late con dificultad.
Como presidente de la Comisión de Protección Civil del Concejo de la Alcaldía, he constatado una realidad que no puede seguir ignorándose: muchos mercados operan con instalaciones eléctricas obsoletas, sistemas de gas que requieren una revisión urgente y estructuras que demandan mantenimiento mayor. La prevención no admite improvisaciones. La gestión pública responsable consiste en anticipar riesgos, proteger vidas y preservar el patrimonio económico de miles de familias. Cada peso invertido en mantenimiento es una inversión en seguridad, resiliencia y desarrollo local. No se trata de una exigencia burocrática, sino de una obligación ética del gobierno.
A las deficiencias estructurales se suma una amenaza de naturaleza política. En distintos puntos de la ciudad proliferan jornadas de abasto promovidas por actores políticos que, bajo el discurso de “ayuda a la economía familiar”, compiten directamente con los comerciantes establecidos.
La pregunta es inevitable: ¿se busca fortalecer el poder adquisitivo de las familias o construir clientelas electorales con recursos y estructuras públicas?
Mientras los locatarios pagan de manera bimestral el derecho de piso por aprovechamiento, además de cubrir cuotas por servicios, mantenimiento e impuestos, otros montan operativos temporales que no enfrentan las mismas obligaciones y que, con frecuencia, funcionan como plataformas de promoción personal. Eso no es política social. Es una distorsión del mercado y una práctica que debilita al pequeño comercio, erosiona la economía barrial y amenaza la subsistencia de cientos de familias.
La función del gobierno no es desplazar a quienes generan riqueza y empleo, sino crear las condiciones para que prosperen. Apoyar verdaderamente a la ciudadanía implica modernizar los mercados, garantizar su seguridad, promover el consumo local y reconocer el valor estratégico de los locatarios como agentes de desarrollo económico.
Los mercados públicos no son reliquias del pasado ni instrumentos de propaganda. Son instituciones vivas que encarnan la dignidad del trabajo, la cultura popular y el sentido más profundo de comunidad.
Defender nuestros mercados es defender una forma de vida. Es respaldar a mujeres y hombres que abren sus cortinas antes del amanecer, que conocen a sus clientes por su nombre y que han construido, con esfuerzo y perseverancia, una de las expresiones más genuinas de la economía social.
Hoy más que nunca debemos exigir políticas públicas serias, inversión transparente y respeto absoluto al comercio establecido.
Porque cuando compramos en el mercado, fortalecemos a nuestra comunidad.
Y cuando defendemos a nuestros mercados públicos, defendemos la historia, la dignidad y el futuro de Miguel Hidalgo y de la Ciudad de México.
