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Diversas asociaciones de la Sociedad Civil se unieron al llamado de académicos, organismos internacionales e instituciones de salud para que, en el paquete económico 2026, se incluya un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las bebidas alcohólicas.
Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial recomiendan el aumento de impuestos como la medida más costo-efectiva para reducir los problemas asociados al consumo de alcohol y, al mismo tiempo, aumentar la recaudación fiscal.
Con el objetivo de evaluar el efecto de una reforma fiscal a las bebidas alcohólicas, se realizó el Foro Internacional ‘¿Quién paga los daños?: Impuestos al alcohol y financiamiento de políticas de salud’ donde académicos, investigadores y especialistas nacionales e internacionales presentaron evidencia sobre los efectos del alcohol en la salud de los mexicanos, las necesidades de financiamiento del sistema de salud en México y una propuesta de actualización fiscal, libre de conflicto de interés de la industria, diseñada para beneficiar a la población mexicana.
El consumo de alcohol constituye un grave problema de salud pública en México. En 2022, se registraron alrededor de 210 mil nuevos casos de enfermedades atribuibles a esta causa, así como 40 mil muertes asociadas a su consumo. Entre las principales afecciones se encuentran la cirrosis hepática, la pancreatitis, el alcoholismo, diversos tipos de cáncer y el daño neurológico.
María Elena Medina-Mora, del Instituto Nacional de Psiquiatría, declaró que el consumo de alcohol es un factor de riesgo importante para 200 enfermedades, lesiones y condiciones adversas de salud, entre las que se encuentran problemas de salud mental, enfermedades cardiovasculares, siniestros viales, violencia, suicidio, tuberculosis, VIH y padecimientos reumáticos.
Ejemplificó cómo las medidas de política pública, como los impuestos o las regulaciones, han tenido la capacidad de reducir los siniestros y las muertes, así como de aumentar la expectativa de vida en países como Colombia, Brasil o Rusia.
Carlos Guerrero, de Economics for Health, mencionó que una modificación a la ley del IEPS que establezca una cuota específica por mililitro de alcohol puro de 35.421 centavos para la cerveza, 68.477 centavos para fermentados y 61.393 centavos para destilados, podría reducir el consumo de bebidas alcohólicas en un 37%, generando simultáneamente una recaudación fiscal de hasta 105 mil millones de pesos”
De acuerdo con un estudio, la implementación de esta propuesta disminuiría anualmente un 39.2% de las muertes por cirrosis (equivalente a 162 mil 613 decesos) y en 41 mil 580 los casos de lesiones por violencia familiar entre 2034 y 2042. Cabe mencionar que dicha reforma sería progresiva, ya que la mayor incidencia fiscal recaería principalmente sobre los hogares de ingresos altos (58.5% para los hogares en el decíl 10, frente al 7.6% para los hogares en el decíl 1).
Bert Brys, Economista Jefe de la OCDE, declaró respecto a los impuestos al alcohol que el precio de la cerveza y las bebidas destiladas en México es el más bajo de la región. Esto se relaciona con un mayor consumo, particularmente el excesivo, lo cual genera un alto costo económico cercano al 1.5% del PIB.
“Por ello, incrementar los precios mediante impuestos es una medida que puede aumentar los ingresos fiscales y, al mismo tiempo, incentivar un estilo de vida más saludable entre la población mexicana. La recomendación para desincentivar el consumo, basada en las mejores prácticas internacionales, es implementar un impuesto específico (un gravamen fijo según el contenido de alcohol) que se actualice conforme a la inflación, así como un impuesto aplicable a las bebidas con menos de 3 grados de alcohol», dijo.
Además, se trata de una media con amplio respaldo de la sociedad mexicana: una encuesta con representatividad nacional encontró que 58% de los mexicanos apoyan el incremento a los impuestos al alcohol. Este porcentaje aumenta al 83% si los impuestos recaudados se utilizan para salud y educación.
