El asertivo Información
Related Articles
La doble moral suele ser el síntoma más visible de los gobiernos que se acostumbran al poder. Y en la CDMX el PAN parece haberse convertido en un especialista en exigir lo que no practica cuando gobierna.
Hace apenas unos meses, en septiembre de 2025, el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino levantó la voz contra el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, acusándolo de incumplir la Ley Orgánica de Alcaldías por no convocar regularmente a sesiones del Concejo. El discurso panista entonces estaba cargado de palabras como transparencia, democracia y representación ciudadana. Andrés Atayde lo resumió así: “Es bastante delicado lo que está ocurriendo en la Alcaldía Álvaro Obregón y además atenta contra la transparencia, contra la democracia y, por supuesto, contra la representación de la ciudadanía”.
La frase envejeció rápido. Hoy, esa misma crítica describe con precisión lo que ocurre en Miguel Hidalgo bajo el gobierno de Mauricio Tabe.
El martes 26 de mayo de 2026, las y los concejales fuimos convocados a una sesión extraordinaria —la quinta en lo que va del periodo— para discutir, prácticamente “al vapor”, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Alcaldías (FAFIA), cuya aprobación quedó programada para el 27 de mayo a las 12 del día. Todo apunta a que, como ya es costumbre, será aprobado por mayoría automática gracias al bloque de concejales alineados con el alcalde. Sin debate de fondo. Sin deliberación real. Sin el ejercicio democrático que la ley obliga y la ciudadanía merece.
La pregunta es inevitable: ¿para qué existe entonces el Concejo? Porque cuando las sesiones ordinarias desaparecen y el órgano colegiado sólo es convocado para legitimar decisiones previamente tomadas, el Concejo deja de ser un contrapeso y se convierte en un accesorio político del alcalde; una oficialía de partes disfrazada de participación democrática.
Lo preocupante es que este deterioro institucional ocurre mientras Mauricio Tabe intenta vender la imagen de una alcaldía moderna, eficiente y transparente. Su reciente comparecencia en el Congreso capitalino dejó más dudas que certezas. Bastaron algunas intervenciones para exhibir las profundas desigualdades que todavía existen en Miguel Hidalgo y la falta de una visión integral para atenderlas.
Porque gobernar Miguel Hidalgo implica entender que la alcaldía es diversa y que todas las colonias, sin importar su nivel socioeconómico, merecen atención, inversión y servicios públicos de calidad. No se trata de enfrentar colonias populares contra colonias con mayor desarrollo económico. Esa narrativa sólo profundiza divisiones. La verdadera igualdad social consiste en garantizar que todas y todos los vecinos vivan con dignidad, seguridad y espacios públicos funcionales.
El problema aparece cuando el presupuesto deja de responder a criterios de necesidad, planeación y equilibrio territorial, y comienza a percibirse como una herramienta política o de imagen. Mientras algunas zonas reciben mantenimiento constante, otras siguen enfrentando problemas históricos en materia de iluminación, infraestructura urbana y recuperación del espacio público.
A ello se suma el creciente malestar por la privatización silenciosa del espacio público, las denuncias sobre desarrollos inmobiliarios irregulares y la percepción de que el gobierno local ha sido demasiado permisivo con ciertos intereses económicos. Casos como Parque Lira alimentan la idea de una administración más preocupada por negociar con privados que por defender lo público.
Y mientras todo eso ocurre, el gobierno de Mauricio Tabe parece operar bajo una lógica cada vez más vertical: menos diálogo, menos sesiones, menos contrapesos y más control político.
Por eso la discusión ya no es únicamente legal, sino profundamente democrática. Porque el problema no es sólo que no se sesione como marca la ley; el problema es lo que eso representa: un gobierno que evita deliberar, que reduce la representación ciudadana y que convierte al Concejo en una figura decorativa.
Miguel Hidalgo merece gobiernos que entiendan que la representación ciudadana no puede ser un trámite administrativo ni una simulación política. El Concejo debe ser un espacio real de debate, vigilancia y construcción de acuerdos, no solamente una herramienta para validar decisiones ya tomadas.
Al final, la pregunta sigue sin respuesta: ¿Qué ganan realmente las y los vecinos de Miguel Hidalgo con un Concejo silenciado y un gobierno que parece cada vez menos dispuesto a escuchar?
