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Noelia Castillo, una mujer española que solicitó la eutanasia y libró una larga batalla jurídica contra su familia por su derecho a ella, recibió este jueves 26 de marzo la medicación para poner fin a su vida en Barcelona. Tenía 25 años.
Durante casi dos años, Castillo luchó por su derecho a morir luego de que su padre iniciara un largo enfrentamiento jurídico contra ella cuando un organismo médico de Cataluña aprobó su solicitud de eutanasia en 2024.
Mientras se desarrollaba el enfrentamiento en la familia, el caso de Castillo fue seguido de cerca en España, país que, en 2021, aprobó una ley que consagra el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido para pacientes que cumplen ciertas condiciones. La juventud de Castillo, la batalla pública librada por su familia para detenerla, y las circunstancias que la llevaron a solicitar la eutanasia conmovieron a la opinión pública, y el proceso concluyó cuando los tribunales fallaron en favor de su derecho a poner fin a su vida.
“Por fin lo he conseguido, y a ver si ya por fin puedo descansar”, dijo Castillo a la cadena española Antena 3 en una entrevista emitida el miércoles. “Porque ya no puedo mas”.
Los padres de Castillo se opusieron a su decisión hasta el final, y estuvieron representados por el organismo católico conservador Abogados Cristianos. Esa organización confirmó que ella falleció en un hospital de Barcelona, frente al cual se congregó un pequeño grupo de personas.
La abogada Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, refirió que la familia de Castillo estaba profundamente decepcionada con lo acontecido y creía que el gobierno español había abandonado y fallado a su hija al permitirle morir.
“La muerte es la última opción, y sobre todo cuando eres muy joven”, expresó.
Una larga batalla jurídica
Desde su adolescencia, Castillo lidió con trastornos psiquiátricos e intentó suicidarse dos veces, la última de ellas tras una agresión sexual, según reveló. Las lesiones que sufrió en su segundo intento de suicidio en 2022 la dejaron sin movilidad en las piernas y en silla de ruedas.
En abril de 2024, Castillo solicitó la eutanasia ante un organismo independiente en Cataluña, compuesto por médicos, abogados y expertos en bioética, que deliberan sobre la aplicación de la ley española.
El organismo aprobó la solicitud de Castillo tras evaluaciones que catalogaron su estado de salud como grave e incurable, y que la joven padecía un sufrimiento crónico, severo y debilitante.
España legaliza eutanasia
España legalizó el suicidio asistido por un médico y la eutanasia en 2021 para quienes padecen enfermedades terminales y para personas con afecciones permanentes insoportables. El proceso implica la presentación de dos solicitudes por escrito, seguidas de consultas con profesionales médicos no involucrados previamente en el caso. La ley recibió intensas críticas de partidos políticos conservadores y de la Iglesia católica.
El padre de Castillo apeló la decisión del organismo catalán, y un tribunal suspendió la solicitud de eutanasia en agosto de 2024 mientras deliberaba. A través de Abogados Cristianos, el padre de Castillo argumentó que la enfermedad mental de su hija la incapacitaba para tomar la decisión de poner fin a su vida.
Cuando un tribunal de Barcelona falló a favor del derecho de Castillo a la eutanasia, los abogados de su padre apelaron de nuevo y el caso llegó finalmente al Tribunal Supremo de España. En enero, el máximo tribunal ratificó los derechos de Castillo. Abogados Cristianos hizo un último intento por detener el procedimiento y apeló ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que denegó la solicitud previamente este mes.
Antes de que Castillo falleciera el jueves, Castellanos reiteró la opinión de su cliente de que Castillo padecía un trastorno de la personalidad, y expresó que el caso era un ejemplo de cómo la ley de eutanasia no protege a los ciudadanos.
Los últimos deseos de Castillo
En declaraciones a la televisión española, Castillo expresó que no quería que su familia estuviera presente cuando muriera, alegando que era incomprendida. Por otro lado, reconoció la enorme atención mediática que había recibido su caso.
“Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia, obviamente, porque soy otro pilar de la familia”, agregó, pero, “¿y todo el dolor que he sufrido durante todos los años?”.
Un grupo de defensa de los derechos de los discapacitados en Madrid pidió una revisión de la ley española de eutanasia, y añadió que era fundamental mejorar los recursos para las personas con discapacidad, enfermedades crónicas o situaciones de alta dependencia.
“Antes de facilitar la muerte, el sistema debe garantizar de forma efectiva las condiciones para vivir con dignidad”, expresó en un comunicado Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid.
España se encuentra entre nueve países europeos con leyes que permiten a las personas que experimentan un sufrimiento insoportable acceder a la muerte asistida, según Dignity in Dying (Dignidad al Morir), una organización británica de defensa de los derechos humanos que aboga por la eutanasia y el suicidio asistido. Los criterios varían según el país.
El suicidio asistido implica que el paciente mismo ingiera una sustancia letal o un fármaco recetado por un médico, mientras que la eutanasia involucra que médicos o profesionales de la salud, bajo estrictas condiciones, pongan fin a la vida de pacientes que cumplen ciertos requisitos mediante una inyección letal a petición del propio paciente.
Desde que España aprobó su ley de eutanasia, mil 123 personas han recibido medicamentos para poner fin a su vida hasta finales de 2024, según el Ministerio de Sanidad del país.
Castillo dijo que nunca cuestionó su decisión, ya que tuvo que reafirmar su deseo de terminar con su vida. Para ella, el cálculo fue sencillo.
“La felicidad de un padre o una madre no debe superar la felicidad… de una hija”, señaló.
Con información de AP
